El ICAV nuevamente presente en la reivindicación del retorno de las competencias en violencia de género al partido judicial de Xàtiva
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- El Colegio de Abogados de Valencia, junto al Ayuntamiento de Xàtiva, ha presentado un documento con la valoración de las consecuencias negativas para las víctimas que ha supuesto el traslado de las competencias a los juzgados de Alzira.
El Colegio de Abogados de Valencia ha estado nuevamente presente en otra de las acciones emprendidas con el objetivo de recuperar las competencias en materia de violencia de género en el partido judicial de Xàtiva. El decano, José Soriano, ha llevado a cabo una reunión con la consellera de Justicia, Elisa Núñez y el secretario autonómico de Justicia, Eduardo Ruiz. Lo han acompañado el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà; el delegado del ICAV en Xàtiva, Juan Benavent; la teniente de alcalde, Amor Amorós; los portavoces de los grupos popular y Vox en el Ayuntamiento de Xàtiva, Marco Sanchis i Francisco Suárez, respectivamente y la responsable del Turno de oficio de la delegación, Sonia Galán, entre otros asistentes.
Los asistentes a la reunión, que ha tenido lugar en la Conselleria de Justicia, han pedido a Núñez su apoyo para reivindicar el regreso de las competencias ante el Ministerio de Justicia. Se ha presentado un documento en el que se constata el gran problema que está suponiendo este cambio, sobre todo para las víctimas. Además, mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil advierten de que los desplazamientos de agentes para conducir a los detenidos a Alzira reducen los agentes disponibles y merman las tareas de vigilancia. El informe elaborado también incluye referencias al TSJCV que aboga por la necesidad de crear un juzgado específico de violencia de género en la capital de la Costera e incorpora las mociones conjuntas de todos los grupos municipales a favor de las competencias.
Tal y como ha defendido siempre el ICAV y, como asegura José Soriano, el traslado de las competencias en materia de violencia sobre la mujer tienen sobre todo un principal perjudicado: las víctimas. Además de que la operatividad funcional de los distintos órganos judiciales territoriales implicados también se ha visto afectada.